La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, luego de que presuntamente intentó sobornar a agentes de investigación que realizaban diligencias relacionadas con el homicidio del periodista y docente Josué N., ocurrido el pasado 16 de julio en el municipio de San Martín Texmelucan.
Los hechos de la detención
La detención se realizó el 18 de julio en las inmediaciones de una tienda de conveniencia ubicada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. Según el informe oficial, agentes de la Policía de Investigación Estatal se encontraban realizando diligencias de investigación cuando Javier N. se aproximó a ellos y manifestó saber que era objeto de una investigación.
El hombre ofreció a los elementos, de manera presunta, un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran, con la finalidad de evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación que, según dijo, se desarrollaba en su contra.
La actuación de los agentes
Los agentes rechazaron de inmediato el ofrecimiento y le informaron que dicha conducta constituía un probable hecho delictivo. Procedieron entonces a su detención por el delito de cohecho, con estricto apego a la legalidad, informándole en todo momento los derechos que le asisten como persona detenida.
Posteriormente, Javier N. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
Investigación del homicidio de Josué N.
La FGE informó que las investigaciones por el homicidio del periodista continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos en agravio de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
Posicionamiento de la Fiscalía
La dependencia reiteró su compromiso de actuar con firmeza, imparcialidad y estricto apego a la ley, garantizando que ninguna persona obstaculice la procuración de justicia mediante actos de corrupción o cualquier conducta que pretenda interferir con las investigaciones.
