El Gabinete de Seguridad Nacional emitió un informe tras el accidente en Chihuahua donde perdieron la vida cuatro personas, confirmando que los dos ciudadanos estadounidenses involucrados no contaban con autorización legal para realizar labores de seguridad o inteligencia en México. Mientras que dos de las víctimas eran elementos de la policía estatal, el estatus migratorio de los extranjeros reveló que uno ingresó al país únicamente como visitante sin permiso para actividades remuneradas, y el segundo portaba un pasaporte diplomático que, por sí solo, no le facultaba para participar en acciones de campo.
El Gobierno Federal fue enfático al señalar que no tenía conocimiento previo de que agentes extranjeros estuvieran participando en operativos dentro de territorio nacional. Esta situación ha generado un extrañamiento por parte de la administración central, ya que la legislación mexicana prohíbe estrictamente la intervención operativa de agentes foráneos en tareas de seguridad pública, limitando su presencia a funciones de enlace o asesoría técnica previamente autorizadas.
Tras lamentar el deceso de las cuatro personas, el Ejecutivo reiteró que cualquier esquema de colaboración con Estados Unidos debe ceñirse al respeto absoluto de la soberanía nacional y a los protocolos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este incidente subraya la postura de México de no permitir operaciones unilaterales ni la participación de personal externo en acciones de fuerza, manteniendo la dirección de la seguridad pública bajo el control exclusivo de las instituciones mexicanas.
El Gabinete de Seguridad Nacional emitió un informe tras el accidente en Chihuahua donde perdieron la vida cuatro personas, confirmando que los dos ciudadanos estadounidenses involucrados no contaban con autorización legal para realizar labores de seguridad o inteligencia en México. Mientras que dos de las víctimas eran elementos de la policía estatal, el estatus migratorio de los extranjeros reveló que uno ingresó al país únicamente como visitante sin permiso para actividades remuneradas, y el segundo portaba un pasaporte diplomático que, por sí solo, no le facultaba para participar en acciones de campo.
El Gobierno Federal fue enfático al señalar que no tenía conocimiento previo de que agentes extranjeros estuvieran participando en operativos dentro de territorio nacional. Esta situación ha generado un extrañamiento por parte de la administración central, ya que la legislación mexicana prohíbe estrictamente la intervención operativa de agentes foráneos en tareas de seguridad pública, limitando su presencia a funciones de enlace o asesoría técnica previamente autorizadas.
Tras lamentar el deceso de las cuatro personas, el Ejecutivo reiteró que cualquier esquema de colaboración con Estados Unidos debe ceñirse al respeto absoluto de la soberanía nacional y a los protocolos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este incidente subraya la postura de México de no permitir operaciones unilaterales ni la participación de personal externo en acciones de fuerza, manteniendo la dirección de la seguridad pública bajo el control exclusivo de las instituciones mexicanas.
