El exgobernador de Puebla, Mario Marín, ha sido autorizado a continuar su proceso judicial por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho desde su domicilio. La jueza Angélica Orduño Suárez determinó modificar la medida cautelar, permitiendo a Marín seguir en libertad mientras avanza el juicio.
De acuerdo con una publicación en X de Lydia Cacho, a pesar de las acusaciones de tortura en el proceso contra Marín, la jueza decidió que este delito no justificaba la prisión preventiva oficiosa. Marín ha rechazado la propuesta de los representantes legales de Lydia Cacho para que se le imponga el uso de un brazalete electrónico para vigilar sus movimientos.
🆘En este momento estamos en audiencia, la Jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez nos ha dicho que va a liberar a #MarioMarín que no amerita prisión preventiva por su delito de tortura y protección de redes de trata infantil. @NormaPinaH #Tortura pic.twitter.com/pca5dkGZSl
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) August 10, 2024
El caso tiene su origen en 2005, cuando Marín presuntamente ordenó la detención de Cacho en favor del empresario Kamel Nacif. Aunque en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró a Marín, el caso volvió a cobrar relevancia durante el gobierno de la Cuarta Transformación.
Mis abogados están exigiendo que al menos lleve Brazalete electrónico. La jueza, igual que con Adolfo Karam, de pronto dio un giro y todo el esfuerzo, incluyendo a la Interpol, de 15 años, lo tira por la borda protegiendo los derechos del torturados y violando los míos @SCJN
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) August 10, 2024
Marín fue arrestado en febrero de 2021 y permaneció en prisión hasta enero de 2023, cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Su reciente liberación ha generado controversia, y los abogados de Cacho continúan exigiendo que se haga justicia en este caso.
Según información de la periodista Viridiana Lozano, estas condiciones han sido impuestas para garantizar su permanencia y control durante el desarrollo del caso en su contra.
Entre las medidas cautelares destacadas, Marín deberá pagar una garantía económica de 100 mil pesos. Además, se le ha ordenado permanecer en su domicilio ubicado en la zona de Xilotzingo, en la ciudad de Puebla, sin posibilidad de salir de dicho lugar. Asimismo, para monitorear su ubicación y movimientos, se le ha exigido portar un brazalete electrónico.
Estas condiciones forman parte del seguimiento judicial que enfrenta Mario Marín en relación con su proceso legal y buscan asegurar su cumplimiento y disposición ante las autoridades mientras se resuelve su situación jurídica.
