Calica ha destruido al menos 3 de los 17 cenotes y el sistema de cavernas preexistente en un terreno de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde estaba llevando a cabo trabajos para la extracción de piedra caliza, que se transportaba en barcos a Estados Unidos para ser utilizada en pavimentación. Esta acusación fue realizada por la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
Durante la conferencia matutina de este viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum, Bárcena expuso los daños ambientales ocasionados por Calica en Playa del Carmen, que incluyen la deterioración de la calidad del agua en la zona debido a las actividades de extracción de piedra caliza.
La secretaria señaló que se detectaron niveles elevados de contaminación industrial en el agua, que incluso superan las normas permitidas para descargas de aguas residuales, y que estos problemas son atribuibles directamente a la empresa. Además, mencionó que Calica construyó estanques de agua superficiales en el área, lo que disminuyó el nivel de agua subterránea al exponerla a la evaporación, provocando así pérdidas adicionales.
Bárcena también indicó que la empresa estadounidense solo contaba con permiso para operar en 1,200 hectáreas, pero ocupó 2,000, las cuales resultaron severamente afectadas.
El decreto no expropia el terreno a Calica, pero prohíbe la extracción de piedra
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, aclaró que el decreto firmado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que declara como Área Natural Protegida 53,000 hectáreas de terreno que incluyen la mina de Calica en Playa del Carmen, no implica una expropiación, como alegó la empresa. La funcionaria explicó que la declaratoria tiene como objetivo la protección del medio ambiente y prohíbe a Calica extraer cualquier cantidad de tierra del lugar, lo que la obliga a considerar un uso alternativo para la zona.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró en mayo de 2022 las actividades de extracción de piedra caliza de Calica en Playa del Carmen, debido a los severos daños ambientales reportados. El gobierno de López Obrador intentó llegar a un acuerdo para que la empresa vendiera el terreno al precio de un avalúo realizado por una entidad de su administración, pero el acuerdo no se concretó. Finalmente, antes de finalizar su mandato, se decidió declarar el área como una Zona Natural Protegida.
