El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la empresa concesionaria deberá coordinarse con la Secretaría de Infraestructura para evitar afectaciones a calles recién intervenidas; de lo contrario, se aplicarán multas.
Puebla, Pue. – El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó este lunes que en el estado de Puebla “se aplica la ley” y advirtió que la empresa “Agua de Puebla” deberá sujetarse a la misma normatividad. El mandatario señaló que, en caso de que la compañía dañe vialidades que han sido recientemente repavimentadas, será sancionada conforme a la ley.
El gobernador instruyó a la Secretaría de Infraestructura del estado para que envíe a la empresa un calendario de intervención de calles, con el objetivo de que la concesionaria considere estas fechas en sus propios trabajos y no afecte las mejoras viales realizadas por el gobierno estatal. “Las y los poblanos merecen un servicio de calidad”, enfatizó Armenta.
Antecedentes de sanciones a “Agua de Puebla”
La postura del gobernador se enmarca en una serie de acciones que su administración ha emprendido contra la empresa concesionaria. Desde 2025, el gobierno estatal ha endurecido su postura, logrando que, por primera vez, la concesionaria enfrente sanciones económicas de hasta 25 millones de pesos anuales por incumplimientos en el suministro de agua, drenaje y saneamiento . Estas penalizaciones, que dependen del tipo y grado de incumplimiento, incluyen parámetros como la calidad del servicio, inversiones y atención al usuario .
Además, en enero de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en una sucursal de “Agua de Puebla” por ocultar tarifas, usar publicidad engañosa y no mostrar permisos oficiales, violando la Ley Federal de Protección al Consumidor .
Un conflicto por la concesión
El gobierno estatal ha manifestado en múltiples ocasiones su intención de revisar o rescindir el contrato de concesión, que califica como “leonino” y heredado de administraciones panistas . Armenta ha señalado que la privatización del agua fue “una traición al Estado” y que su administración busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, no como una mercancía .
Sin embargo, el gobernador ha reconocido que una rescisión inmediata del contrato podría implicar sanciones millonarias que afectarían las finanzas públicas, por lo que se analiza una estrategia financiera y jurídica para resolver el conflicto .
