El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un informe a los padres y madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, quienes desaparecieron hace diez años, en el que señala a Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, como alguien que no ha mostrado disposición para cooperar, lo que ha llevado a estancamientos en la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. Aunque no participó directamente, tuvo comunicación con miembros de grupos delictivos y autoridades locales que conocen lo sucedido.
En este segundo informe, el mandatario federal exculpó a las Fuerzas Armadas de cualquier posible implicación en los hechos, y criticó a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que realizaron investigaciones independientes. Dedicó gran parte del documento a atacar a la periodista Anabel Hernández, quien compartió información de un testigo que asegura que elementos del Ejército mexicano estuvieron involucrados en la desaparición de los jóvenes, acusándola de presentar una versión sin evidencia.
“Uno de los integrantes del grupo delictivo Guerrero Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar como testigo protegido y, a raíz de su participación, se identificaron los restos de dos de los jóvenes desaparecidos. Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el principal implicado, que está en prisión, no ha mostrado voluntad para continuar cooperando, a pesar de tener comunicación con otros miembros de Guerreros Unidos y con policías municipales de Iguala y Cocula que conocen los hechos o participaron en la desaparición.
“Con el tiempo, y debido a intereses políticos externos, se empezó a propagar la idea de que los responsables de la desaparición de los jóvenes eran miembros del Ejército. Esta teoría fue promovida, entre otros, por la periodista Anabel Hernández, quien en su libro La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, afirmó sin evidencia que los estudiantes habían secuestrado accidentalmente un camión con heroína destinado a Estados Unidos”, expuso el presidente en su carta.
López Obrador subrayó que durante su administración, las Fuerzas Armadas han coincidido en que no se pueden tolerar violaciones a los derechos humanos ni la impunidad, asegurando que han contado con su apoyo para avanzar en la investigación. La participación de elementos que enfrentan procesos legales por su posible participación en la desaparición de los 43 no debe manchar el prestigio de la institución. “Los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden desacreditar a una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático y soberano de nuestra República”, afirmó.
Asimismo, indicó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, han dialogado con los presuntos involucrados que están en prisión, ofreciendo recompensas y la aplicación de la Ley de Amnistía para proteger a los informantes, pero hasta ahora no se han logrado avances significativos con estas propuestas.
Representante de los padres de los 43 señala que investigación se ha estancado
En el contexto del triste aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, representante legal de las familias de los jóvenes, afirmó que el Ejército mexicano se ha negado a entregar más de 800 documentos solicitados que son clave para seguir la línea de investigación sobre la posible implicación de las Fuerzas Armadas en el caso. Desde 2022, cuando la investigación comenzó a apuntar hacia el Ejército, se ha estancado sin mayores avances.
En la más reciente actualización, las autoridades informaron a los padres que habían localizado restos óseos en Cocula que serán analizados para verificar su compatibilidad con los familiares. Sin embargo, temen que este procedimiento sea irregular y retome la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto. “Tememos que estén realizando algo irregular, un proceso alterado respecto a los restos óseos… Estos procedimientos eran propios del gobierno de Peña Nieto, y ahora se repiten”, comentó Rosales.
Cita íntegra de la carta de Andrés Manuel López Obrador a los padres de los 43 de Ayotzinapa
Madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014:
Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que hemos logrado en este propósito durante mi mandato como presidente de México. Desde el inicio de mi administración, me comprometí a destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos sucedidos hace diez años, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.
Les aseguro que nunca hemos olvidado esta justa misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, quien siempre contó con mi apoyo para conformar un equipo de trabajo y establecer relaciones con sus abogados y con organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras.
Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. A través de un acuerdo para detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar como testigo protegido, lo que permitió identificar los restos de dos de los jóvenes desaparecidos.
Sin embargo, no hemos podido avanzar más porque el principal implicado, que permanece en la cárcel, dejó de mostrar voluntad para cooperar, a pesar de que tiene comunicación con otros integrantes de Guerreros Unidos, así como con policías municipales de Iguala y Cocula, y autoridades locales que conocen lo ocurrido.
Es importante recordar que desde el inicio de estos lamentables hechos se cometieron errores u omisiones que han complicado el esclarecimiento en Iguala y el paradero de los jóvenes. El gobierno anterior intentó dar carpetazo al asunto con la llamada “Verdad Histórica”, que sostenía que los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula por Guerreros Unidos, con la complicidad de policías y autoridades locales. Esta versión fue promovida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y fue descalificada en parte por ser falsa, especialmente en lo relacionado con la incineración de los jóvenes.
Además, se promovió una sentencia en el Poder Judicial, bajo el alegato de tortura de los detenidos, que posibilitó la liberación de 65 de ellos, aunque algunos sí habían sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes.
Es relevante señalar que los encargados de la Fiscalía Especial y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA se opusieron a nuestras decisiones de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del ejército, hasta el punto de que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión se retiraron.
Con el tiempo, y por intereses políticos ajenos a la investigación, se empezó a manejar la versión de que los responsables eran miembros del Ejército, teoría promovida por la periodista Anabel Hernández, quien en su libro La verdadera noche de Iguala afirma que los estudiantes secuestraron accidentalmente un camión con heroína.
López Obrador insistió en que, aunque no hay pruebas de que el Ejército participara en la desaparición de los jóvenes, se debe aceptar y castigar a los soldados involucrados. La falta de pruebas directas sobre su participación no debe eximirlos de responsabilidad. A lo largo de esta investigación, hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyas autoridades coinciden en que no se pueden tolerar violaciones a los derechos humanos.
Por lo tanto, 151 personas han sido procesadas por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes, incluyendo 134 civiles, 16 militares y un elemento de la Marina, y aún quedan pendientes tres órdenes de aprehensión más contra militares.
Lo más importante es la búsqueda de los jóvenes, una tarea que he seguido de cerca. En los últimos dos años, he asumido la coordinación de este caso y me reúno semanalmente con el gabinete de seguridad para revisar la investigación. Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública han mantenido diálogos con los involucrados en las cárceles. Hemos ofrecido recompensas y enviado al Congreso una Ley de Amnistía para garantizar protección a informantes, pero hasta ahora no hemos logrado avances significativos.
Durante nuestra administración, hemos llevado a cabo una búsqueda en campo permanente, explorando 858 sitios con la participación de 270 personas de diversas instituciones y el equipo tecnológico más adecuado. Hasta el final de mi gobierno, continuaremos buscando a los jóvenes, y considero que este lamentable asunto no debe cerrarse nunca. Es un expediente abierto, y espero que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, logre esclarecerlo.
En el informe y los anexos que les hemos proporcionado, encontrarán una relatoría más detallada y datos de interés para ustedes y para el pueblo de México.
