La fiscalización al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado continúa extendiéndose. El coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que el universo de plazas bajo investigación por presuntas asignaciones ilegales creció a 7 mil bases docentes y administrativas, luego de que las inconsistencias iniciales obligaran a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a ampliar el muestreo.
El funcionario estatal detalló que este proceso —instruido de forma directa por el gobernador Alejandro Armenta Mier— no se limita a las gestiones recientes, sino que abarca un análisis retrospectivo de la última década. El rastreo incluye expedientes de administraciones pasadas, entre ellas los periodos encabezados por gobiernos del PAN, bajo la premisa de “cero tolerancia” a la corrupción y el influyentismo.
Red de corrupción: “Aviadores”, plazas duplicadas y cobros post-mortem
García Parra reveló que el minucioso escrutinio a las 7 mil bases ha destapado graves deficiencias estructurales y complicidades de funcionarios de segundo y tercer nivel. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran:
Inconsistencias críticas: Expedientes con documentación totalmente incompleta, perfiles que no cumplían con los requisitos mínimos de ley y casos de “aviadores” (personas que cobraban sin presentarse a laborar).
Plazas duplicadas y cobros ilegales: Se detectó personal asignado simultáneamente a dos o tres centros de trabajo con horarios físicamente imposibles de cumplir, así como plazas que seguían activas cobrando en nómina a nombre de personas ya fallecidas.
Primeros resultados: Derivado de estas revisiones, el Gobierno de Puebla ha logrado la recuperación de 300 plazas docentes que operaban de forma ilegal, las cuales serán reasignadas de manera transparente mediante convocatorias formales.
Sanciones: Denuncias penales y cese de funcionarios
El coordinador de Gabinete enfatizó que las investigaciones ya pasaron de la revisión administrativa a las consecuencias legales y laborales, advirtiendo que no habrá impunidad sin importar apellidos o el color de los gobiernos anteriores donde se originaron los vicios:
Siete denuncias penales: Hasta el momento, los departamentos jurídicos han interpuesto al menos siete denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de ex servidores públicos presuntamente responsables de la adjudicación ilegal de las bases.
Purga interna: El combate al nepotismo y la opacidad ha provocado el cese y remoción de 43 funcionarios públicos de la SEP Puebla en lo que va de la actual administración, abarcando desde subsecretarías hasta jefaturas de departamento y enlaces administrativos.
“El que haya actuado de manera irregular tendrá que responder; no habrá impunidad ni se permitirán actos de corrupción al interior de las dependencias. Quien hizo uso indebido de su cargo tendrá que enfrentar las consecuencias penales”.
— José Luis García Parra, coordinador de Gabinete.
El proceso de fiscalización, que se ejecuta minuciosamente expediente por expediente, mantendrá sus mesas técnicas activas durante las próximas semanas. Se estima que el dictamen final del estatus de la nómina magisterial en Puebla se consolide antes de que concluya el primer semestre del año.
