La defensa jurídica de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aclaró los motivos por los cuales la mandataria estatal atendió el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México y no en Ciudad Juárez, demarcación originalmente estipulada en el documento oficial. El representante legal de la funcionaria, Roberto Gil Zuarth, precisó que el traslado a la sede capitalina de la colonia Doctores obedece estrictamente a una estrategia procesal, argumentando que “es el domicilio específico que el citatorio señala para presentar escritos y objeciones”.
Al salir de las instalaciones federales, el litigante fue categórico al señalar que la mandataria no se presentó a comparecer como un testigo ordinario, sino a contravenir de fondo el requerimiento por considerarlo una violación flagrante a su inmunidad procesal. Gil Zuarth afirmó que no reconocen la facultad de ningún ministerio público para imponer actos de molestia o citaciones a la gobernadora en funciones, ya que su cargo se encuentra blindado por la Constitución mexicana precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales dirigidos contra liderazgos de oposición.
Asimismo, el abogado descalificó la redacción del oficio entregado por la FGR, calificándolo de ambiguo, inconstitucional y carente de motivación jurídica al no precisar qué información o hechos específicos se pretenden investigar. El equipo legal advirtió que cualquier solicitud de colaboración o auxilio institucional debe realizarse respetando los canales oficiales de autoridad a autoridad y no mediante un formato de comparecencia personal, advirtiendo además que procederán penalmente contra quien resulte responsable por iniciar acciones judiciales contra un servidor público que goza de fuero vigente.
