En una fuerte revelación sobre las causas detrás de las recientes contingencias pluviales, el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, denunció la existencia de un “cártel de las inundaciones” que opera en la zona metropolitana de Puebla. De acuerdo con el funcionario, este grupo actúa mediante el contubernio entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades municipales de distintas administraciones para edificar viviendas en zonas de alto riesgo.
Esta denuncia penal y administrativa se suma al diagnóstico de infraestructura hidráulica que el gabinete estatal realiza para combatir el rezago urbano y deslindar responsabilidades por los severos anegamientos que afectaron a la población civil.
El modus operandi: Ganancia privada, riesgo público
García Parra afirmó que la ambición económica de particulares, cobijada por la omisión o complicidad de dependencias locales encargadas de otorgar los permisos de construcción, alteró drásticamente el mapa hidrológico de la región:
Asentamientos irregulares: El funcionario estatal señaló que el crecimiento desordenado derivó en la edificación de fraccionamientos y complejos de vivienda sobre zonas de absorción y escurrimientos naturales de agua.
Taponamiento de cauces: Estas construcciones sepultaron o bloquearon los canales naturales por donde desfogaba la lluvia, provocando que el agua busque nuevas salidas e inunde vialidades estratégicas y colonias populares.
Los municipios bajo la lupa
El coordinador de Gabinete identificó con claridad las demarcaciones de la zona conurbada donde este fenómeno ha impactado con mayor gravedad, generando pérdidas materiales para miles de familias:
Puebla capital
San Andrés y San Pedro Cholula
Cuautlancingo
Ocoyucan
Cero tolerancia al desorden inmobiliario
El Gobierno del Estado advirtió que no se permitirán más abusos que pongan en peligro la vida y el patrimonio de las y los poblanos.
Esta denuncia complementa las acciones coordinadas por el gobernador Alejandro Armenta, quien mantiene un esquema de supervisión sobre el Artículo 115 constitucional para obligar a los ayuntamientos a regular sus planes de desarrollo urbano, vigilar sus licencias de construcción y coadyuvar en la limpieza profunda de los sistemas de drenaje que hoy se encuentran colapsados por el desorden inmobiliario.
