El Comité Olímpico Internacional establece criterios de elegibilidad biológica para los Juegos Olímpicos de 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) emitió un documento técnico para detallar las normas de participación de deportistas transgénero y personas con Desarrollo Sexual Diferente (DSD).
A partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la elegibilidad para la categoría femenina estará sujeta a la ausencia del gen SRY, responsable del desarrollo sexual masculino, el cual se detectará mediante pruebas de ADN no invasivas realizadas una sola vez.
La normativa establece que los varones biológicos, incluyendo a las mujeres trans, deberán competir en la categoría masculina si cumplen con los requisitos de clasificación deportiva.
La institución señaló que esta separación se basa en las ventajas físicas derivadas de los cromosomas XY y los niveles de testosterona, además de buscar la reducción de riesgos de seguridad en disciplinas de contacto.
Las federaciones internacionales podrán solicitar excepciones únicamente si demuestran que el sexo biológico no influye en la equidad del deporte, como en el caso de la hípica.
El organismo contempla salvedades para casos específicos de trastornos genéticos, como el síndrome de insensibilidad androgénica, permitiendo que deportistas con el gen SRY compitan en la rama femenina tras someterse a pruebas complementarias. Asimismo, se informó que la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que los resultados y medallas de eventos anteriores, incluidos los de boxeo en París 2024, se mantienen vigentes al haber cumplido con los protocolos médicos de su momento.
En cuanto a la aplicación de las pruebas, el COI indicó que las deportistas pueden negarse a realizarlas, aunque esto invalidará su elegibilidad para la categoría femenina.
En los Juegos Olímpicos de la Juventud, el test será obligatorio a partir de 2030, permitiendo a los menores de edad validar su categoría en etapas tempranas con consentimiento de sus tutores.
El comité justificó la actualización de estas políticas basándose en nuevos avances científicos y consultas con expertos independientes.