Para asegurar un proceso electoral tranquilo, el gobierno estatal ha puesto en marcha el “Protocolo de atención para garantizar seguridad a candidatas y candidatos en el estado de Puebla”. Este protocolo, en colaboración con las autoridades electorales, tiene como objetivo prevenir cualquier acción que ponga en peligro la integridad de las personas que se postulan para cargos de elección popular.
A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) brindarán seguridad a los contendientes a las gubernaturas en nueve estados, incluido Puebla, así como a los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados, el gobierno estatal se suma a esta iniciativa con medidas preventivas a nivel local y municipal.
En colaboración con el Instituto Electoral del Estado (IEE), el Gobierno del Estado busca promover la participación ciudadana y la democracia en la región. Es importante destacar que este esquema implica una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, y los ayuntamientos en el estado están obligados a colaborar en la aplicación de este protocolo cuando así se solicite, con el fin de lograr los objetivos en un ambiente de igualdad, libertad y seguridad.
Para aquellos participantes que necesiten medidas de seguridad o protección personal, deberán presentar una solicitud ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el IEE o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En caso de ser víctimas de un presunto delito, la solicitud deberá realizarse ante la Fiscalía General del Estado (FGE), proporcionando detalles como datos personales, cargo, fecha, hora y lugar de la situación de riesgo. Además, se deben incluir elementos de prueba, en caso de contar con ellos, así como detalles sobre eventos públicos, como lugar, horario y estimación de asistentes. Las solicitudes serán evaluadas por una mesa de coordinación compuesta por representantes de las instituciones mencionadas.
Una vez recibida la solicitud, la mesa de coordinación analizará cada caso en particular en un plazo de 48 horas, tomando en cuenta los elementos de riesgo proporcionados por el solicitante. La resolución será comunicada al solicitante dentro de las 24 horas siguientes a la sesión correspondiente.
