Sheinbaum reforma la Constitución en materia de seguridad pública, fortaleciendo a la SSC y a García Harfuch
Ciudad de México, 1 de enero de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el 31 de diciembre un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, con el objetivo de reforzar las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, incluida la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bajo el liderazgo de Omar García Harfuch.
El decreto establece varias modificaciones clave en el sistema de seguridad pública, destacando puntos como la conducción del Ministerio Público en la investigación de delitos, que ahora será liderada por este órgano, así como la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las policías competentes. Además, introduce la asignación exclusiva de recursos federales para seguridad, los cuales serán supervisados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de su Secretariado Ejecutivo.
Otro aspecto relevante de la reforma es el fortalecimiento del rol del Secretariado Ejecutivo, que tendrá la capacidad de emitir acuerdos y lineamientos para garantizar la homologación de estándares y la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. Esta medida busca consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual será dirigida y coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, al tiempo que se fortalece el Sistema Nacional de Inteligencia en la materia.
Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta reforma significa un incremento en su capacidad de acción, pues bajo la conducción de Omar García Harfuch, la SSC podrá coordinar mejor las acciones de seguridad, recopilar información estratégica para esclarecer delitos y colaborar de manera más eficaz con las autoridades federales, estatales y municipales.
La reforma también permitirá optimizar los recursos disponibles y mejorar la estandarización de criterios, un paso importante para enfrentar los desafíos de seguridad que el país continúa experimentando. A partir del 1 de enero de 2025, se comenzarán a aplicar estas reformas en todo el territorio nacional.
