Consejería Jurídica enviará iniciativa al Congreso para crear Comisión de Verificación de Candidatos en el INE

La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, informó que el Ejecutivo Federal envió formalmente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral encaminada a erradicar la infiltración de intereses delictivos en las boletas.
El eje central de esta propuesta técnico-jurídica consiste en la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano especializado de carácter permanente que operará bajo la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
La consejera jurídica detalló que este nuevo instrumento dotará al árbitro electoral de herramientas de fiscalización e investigación profunda en coordinación con áreas estratégicas de seguridad y hacienda, antes de dar luz verde a cualquier postulación:
La nueva Comisión dependerá directamente del Consejo General del INE, pero trabajará mediante un canal transversal y obligatorio de intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Su tarea principal será auditar la idoneidad patrimonial, fiscal y los antecedentes de los aspirantes de todos los partidos políticos a cargos de elección popular (federales, estatales y municipales), con el fin de detectar perfiles con vínculos probados o financiamiento proveniente del crimen organizado.
“Con esta iniciativa buscamos dotar al INE de dientes institucionales para que no sea un mero receptor de documentos. La Comisión de Verificación validará con rigor que quien aspire a representar a los ciudadanos tenga una trayectoria limpia, cerrando de raíz el paso a la delincuencia”, apuntó Luisa María Alcalde.
La funcionaria federal confirmó que el documento será turnado de inmediato a las comisiones dictaminadoras del Poder Legislativo para iniciar su análisis, discusión y eventual votación, buscando consolidar un marco legal robusto que garantice la paz, la soberanía y la transparencia en los futuros procesos electorales del país.