El Gobierno de México ha puesto en marcha un análisis técnico y una estrategia de contención tras la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual obliga a las instituciones bancarias estadounidenses a investigar, monitorear y reportar los envíos de remesas realizados por la población migrante.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya se encuentra evaluando el impacto real del decreto titulado Restoring Integrity to America’s Financial System.
Roberto Lazzeri Montaño (hasta ahora director de Nafin-Bancomext) ya recibió el beneplácito oficial del gobierno estadounidense para convertirse en el nuevo embajador de México en EE. UU., relevando en el cargo a Esteban Moctezuma Barragán.
Lazzeri se trasladará a Washington en las próximas semanas tras su inminente ratificación en el Senado. Su primera tarea prioritaria, en conjunto con Hacienda, será abrir mesas de diálogo directo con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EE. UU. para evaluar los alcances de la medida antes de que expire el plazo de 65 días fijado por Trump.
Frente a la incertidumbre generada en las familias que dependen de estos envíos de dinero, la presidenta Sheinbaum envió un mensaje de tranquilidad y desestimó riesgos mayores, argumentando que la composición demográfica de los connacionales en la Unión Americana es sólida y mayoritariamente regular:
“El 95% de las personas que nacieron en México o son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación —la gran mayoría de los 40 millones que radican allá— tienen papeles y un estatus legal. Solo alrededor del 10% no cuenta con algún documento”, expuso la mandataria, minimizando la vulnerabilidad bancaria de la comunidad frente a la alerta estadounidense sobre perfiles sin autorización de trabajo.
