En días recientes, la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a la crisis de desapariciones en México ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones civiles, activistas y sectores de la oposición. El motivo: su negativa a reconocer una crisis de violencia generalizada y su rechazo a la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las declaraciones de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, han sido particularmente polémicas. El pasado 6 de abril, el organismo que encabeza emitió un comunicado en el que calificó como “descontextualizadas” las observaciones emitidas por el Comité de la ONU respecto a las causas que perpetúan las desapariciones en el país. Además, descartó que se trate de una política de Estado.
“Consideramos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”, señaló la CNDH en su pronunciamiento oficial.
Esta postura fue duramente cuestionada por colectivos y voces ciudadanas que han exigido la destitución de Piedra Ibarra, a quien acusan de minimizar la gravedad del fenómeno y de alinearse con el discurso gubernamental.
A través de redes sociales, usuarios retomaron un video de 2020 en el que la titular de la CNDH expresaba una visión completamente opuesta sobre la participación del Comité de la ONU. En una entrevista para el programa #EnTrending de TV UNAM, Piedra Ibarra calificaba como “necesaria” la intervención del CED en México, especialmente en casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Yo creo que sería muy importante que este Comité volviera a venir (…), llevaron una investigación profunda, pero en aquel entonces el gobierno de Peña Nieto no les permitió avanzar ante ciertas líneas de investigación”, expresó entonces.
El contraste entre esa declaración y su postura actual ha alimentado el debate sobre la credibilidad de la CNDH y su independencia frente al poder Ejecutivo.
En su comunicado más reciente, la CNDH reconoció que existen más de 120 mil personas desaparecidas en México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Sin embargo, argumentó que el registro incluye casos que datan desde los años cincuenta y que las intervenciones internacionales no han demostrado eficacia en abordar el problema.
La CNDH también dejó claro que no permitirá injerencias externas en el tema de desapariciones forzadas bajo la nueva administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.
El viraje en la postura del organismo en torno a la cooperación con instancias internacionales ha encendido alertas entre organismos defensores de derechos humanos, que advierten sobre un posible retroceso en la protección de víctimas y la rendición de cuentas.
