El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden dirigida al Pentágono para iniciar el uso de fuerza militar contra los cárteles de droga en América Latina, según reveló este jueves The New York Times.
La medida marca un giro radical en la política antidrogas estadounidense, abriendo paso a una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico que ahora podría incluir acciones militares directas fuera del territorio estadounidense. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los países objetivo ni la fecha de inicio de las operaciones.
Según el Times, Trump firmó en secreto una directiva que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas. Esta es la medida más agresiva tomada hasta ahora por su gobierno en la lucha contra las drogas, y representa un cambio sustancial al trasladar a las Fuerzas Armadas tareas que históricamente han recaído en agencias policiales.
La directiva establece una base legal para que el Ejército pueda realizar operaciones militares directas tanto en altamar como en territorio extranjero. Funcionarios del Pentágono ya trabajan en planes operativos, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el diario.
Retos legales y controversia
El uso de militares estadounidenses en este tipo de operaciones plantea serios desafíos legales. Expertos en derecho internacional advierten que, sin una autorización del Congreso, el uso de la fuerza letal en el extranjero contra sospechosos que no representen una amenaza inminente podría ser considerado un “asesinato”. Hasta el momento, no está claro si la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado han emitido opiniones jurídicas definitivas sobre el alcance de la orden.
Durante su administración, Trump ya había desplegado tropas y elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo de drogas y migrantes. En enero, ordenó al Departamento de Estado designar a varias organizaciones criminales como grupos terroristas, entre ellas el Tren de Aragua, la MS-13 y otras pandillas latinoamericanas, argumentando que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Objetivo en Venezuela y México
Recientemente, el gobierno estadounidense incluyó al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas globales, acusando al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar esta red criminal. El jueves, los Departamentos de Estado y Justicia anunciaron que duplicaron la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. “No escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”, declaró la fiscal general Pam Bondi.
México también figura como foco central de esta política. Desde los primeros meses del primer mandato de Trump, cárteles como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana fueron etiquetados como amenazas terroristas.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, defendió la medida, asegurando que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria”. Aunque históricamente la participación militar en Latinoamérica ha sido limitada y en apoyo a fuerzas locales, esta nueva estrategia parece ir más allá.
Precedentes y tensiones diplomáticas
En 1989, la invasión a Panamá para capturar al general Manuel Noriega fue ampliamente condenada por la comunidad internacional como una violación al derecho internacional. En los años noventa, operaciones conjuntas en Colombia y Perú resultaron en derribos de aeronaves civiles, lo que derivó en reformas legales.
La nueva directiva de Trump plantea un enfoque más ofensivo, con la posibilidad de capturar o eliminar directamente a individuos vinculados al narcotráfico. “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas”, sostuvo Marco Rubio, actual secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.
Sin embargo, la calificación de “terroristas” no implica automáticamente autorización para el uso de fuerza letal. Durante su primer mandato, Trump llegó a proponer bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que fue rechazada por su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, y que generó tensiones con el gobierno mexicano.
Reacciones y vigilancia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con cautela a los reportes, asegurando que la medida solo tendría efectos dentro del territorio estadounidense. “No tiene nada que ver con el territorio mexicano; tiene que ver con su país”, dijo en su conferencia de prensa.
Por su parte, el contralmirante retirado James E. McPherson advirtió que usar la fuerza militar sin consentimiento del país afectado sería “una importante violación del derecho internacional”, salvo en casos muy específicos.
En paralelo, Estados Unidos ha intensificado operaciones encubiertas con drones para localizar laboratorios de fentanilo en México, un programa iniciado bajo la administración Biden y ampliado por Trump. Aunque estos drones no han sido autorizados para ataques letales, la información obtenida se comparte con autoridades mexicanas.
El Comando Norte del Ejército estadounidense también ha incrementado su presencia en la frontera, con más de 330 vuelos de reconocimiento este año utilizando aeronaves como los U-2, RC-135 Rivet Joint y P-8 Poseidon.
Mirada hacia Haití y nuevas fases
La creciente presión para ampliar la lucha antidrogas ha llevado al gobierno estadounidense a observar también a Haití, donde una coalición de bandas ha intensificado la crisis política y de seguridad.
Con esta nueva orden ejecutiva, la administración Trump busca redefinir las reglas del combate contra el narcotráfico, elevando la tensión diplomática en la región y desdibujando las líneas entre seguridad nacional y política exterior.
El impacto de esta decisión —si se implementa plenamente— podría transformar radicalmente las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en los próximos meses.
