Un tribunal de Corea del Sur aprobó una orden de arresto contra el presidente Yoon Suk Yeol, quien enfrenta acusaciones formales y ha sido suspendido de su cargo tras imponer brevemente la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La información fue confirmada por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios.
El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl otorgó su aprobación a la orden, marcando un hecho sin precedentes en la historia política de Corea del Sur. Esta es la primera vez que se emite una orden de detención contra un mandatario en funciones en el país, según reportaron medios locales.
La investigación sobre Yoon se centra en la imposición de la ley marcial, una decisión que ha generado un amplio debate y que, según los investigadores, podría ser constitutiva del delito de insurrección. Cabe destacar que este cargo está exento de la inmunidad presidencial.
El abogado de Yoon Suk Yeol, Yoon Kab-keun, calificó la solicitud de arresto como “injusta” y argumentó que la Oficina Anticorrupción carece de jurisdicción para llevar a cabo esta acción legal. “La declaración de ley marcial de emergencia está dentro de las facultades del presidente”, declaró el abogado frente al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, donde también presentó una opinión jurídica escrita y una carta de nombramiento de defensores.
La decisión de imponer la ley marcial y la posterior orden de arresto han generado conmoción en Corea del Sur, un país que consolidó su democracia en la década de 1980. Además, ha causado alarma entre sus aliados internacionales, incluyendo a Estados Unidos, y entre sus socios comerciales, dada la importancia estratégica de la cuarta economía asiática.
El Tribunal Constitucional surcoreano ha iniciado un proceso para determinar si Yoon Suk Yeol será restituido en su cargo o destituido de manera definitiva. La instancia tiene un plazo de 180 días para tomar una decisión, mientras el país se mantiene atento a los resultados de este caso histórico.
